La exposición constante a situaciones de extorsión y amenazas, enmarcadas en un contexto de creciente inseguridad, ha generado un estado de zozobra en la población. Esta sensación de vulnerabilidad se agudiza ante la percepción de que las instituciones sociales se han visto superadas, incapaces de responder eficazmente a la ola de violencia que se vive en el país. Aunque esta percepción pueda variar según las experiencias individuales, se traduce en un aumento generalizado de intranquilidad, miedo y ansiedad, potenciado por la exposición masiva a información que, en ocasiones, resulta perjudicial (infoxicación).
La inseguridad y la criminalidad descontrolada se manifiestan en la cotidianeidad, donde la normalización de extorsiones y robos ha evidenciado la ausencia de una respuesta contundente por parte del gobierno central. La incapacidad de las autoridades locales para enfrentar este flagelo no solo incrementa la sensación de desamparo, sino que también evidencia la fragilidad de un Estado que aún no ha logrado consolidar sus estructuras y roles fundamentales. La dinámica política, marcada por conflictos entre poderes y una lucha por la permanencia en el cargo, agrava esta crisis, ya que la población es la que termina pagando las consecuencias de una gestión ineficiente e indiferente.
Ante este escenario, el Colegio de Psicólogos del Perú ha hecho un llamado urgente para declarar la emergencia en salud mental. Esta medida permitiría asignar mayores recursos a la prevención y atención de problemas psicológicos, emocionales y conductuales que emergen en este contexto de crisis. En este sentido, es muy importante que el rol de los psicólogos se reconfigure hacia una perspectiva que integre la seguridad ciudadana y la salud mental. Propongo el desarrollo de una “psicología de la seguridad ciudadana” que contemple un enfoque psicosocial integral, capaz de abordar tanto las consecuencias emocionales del miedo y la ansiedad como las condiciones estructurales que propician la violencia aplicado a nuestro contexto.
La consolidación de un Estado capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía pasa, necesariamente, por el reconocimiento de la interrelación entre seguridad y salud mental. La implementación de políticas públicas que fortalezcan las instituciones y promuevan la prevención desde el ámbito psicológico se necesita desarrollarlo desde un enfoque adicional a los muchos que existen, el «Enfoque psicológico». Solo a través de un abordaje interdisciplinario y una colaboración estrecha entre actores sociales y el Estado se podrá enfrentar de manera efectiva la crisis que amenaza el bienestar de la población.
Edwin Ticlla Colunche
Psicólogo
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