Escribe Edwin Ticlla Colunche
El reciente Decreto Supremo N.º 012-2025-SA, que aprueba el Plan de Salud Mental en Instituciones Educativas “Salud Mental en tu Cole”, ha sido anunciado con bombos y platillos dada la relevancia en la atención integral de la salud mental de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo público. El documento establece como objetivo general disminuir el riesgo de problemas de salud mental en estudiantes de instituciones educativas públicas de la Educación Básica Regular (EBR), con intervenciones en habilidades socioemocionales, competencias parentales, conocimiento comunitario sobre bienestar y acceso a servicios especializados. Sin embargo, más allá de su enfoque técnico y articulación multisectorial, el plan enfrenta una seria cuestionamientos o interrogantes se guían esta reflexión: se implementa en gran medida sobre la base del trabajo no remunerado de psicólogos en modalidad SERUMS o por lo menos no dan luces de contratación de psicólogos y solo se mencionan SERUMS.
El plan reconoce que una de las principales barreras de acceso a servicios de salud mental en estudiantes es la falta de personal capacitado en las instituciones educativas. En respuesta, una de las soluciones propuestas es la incorporación de profesionales de psicología bajo la modalidad del Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS) para realizar actividades de prevención, tamizaje, orientación, articulación con establecimientos de salud y talleres dirigidos a estudiantes, docentes y familias. Sin embargo, bajo esta modalidad, los profesionales cumplen su labor sin recibir remuneración alguna, lo que otro gremio profesional no avalaría, pero hasta el momento el Colegio de Psicólogos no se ha pronunciado al respecto.
En el proceso 2025, se ofrecieron 5,605 vacantes para psicología, de las cuales mil fueron destinadas a colegios. El plan no contempla explícitamente la contratación de psicólogos bajo, lo que revela una dependencia estructural del voluntariado profesional para sostener una política pública de alcance nacional.
A este enfoque cuestionable desde el punto de vista laboral, se suman inconsistencias en la planificación temporal y presupuestaria del plan. Aunque el documento fue publicado recién en julio de 2025, muchas de las metas establecidas —como la atención de estudiantes con sesiones de habilidades socioemocionales y el acompañamiento a docentes— están previstas desde el primer trimestre de 2025, es decir, desde marzo. En la práctica, esto implicaría que las actividades del plan ya debieron haber comenzado hace meses, a pesar de que la norma que lo sustenta y los instrumentos técnicos asociados (como hojas de ruta, escalas, normativas de intervención) recién se anuncian como en proceso de elaboración.
Esta discordancia temporal, da la impresión que el plan pudo haber estado originalmente proyectado para lanzarse en 2024, pero habría sufrido retrasos administrativos o políticos que terminaron postergando su aprobación. De hecho, ejecutar actividades sin que el plan esté aprobado afecta la ejecución presupuestal y la planificación de recursos humanos . Además, como se menciona en el propio decreto, el plan se financiará con cargo a los presupuestos institucionales ya existentes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, lo que levanta nuevas dudas sobre su escalabilidad y sostenibilidad.
Tampoco queda claro si se trata de una implementación piloto o de cobertura nacional. El plan indica que se ejecutará en 350 instituciones educativas públicas priorizadas por el MINEDU y el MINSA, pero no se especifican cuáles son, en qué regiones están ubicadas ni qué criterios se han seguido para seleccionarlas. Esta falta de información limita el seguimiento público y la evaluación técnica. Además, ante una población escolar de más de seis millones de estudiantes, atender a unas pocas decenas de miles genera una brecha inmensa que difícilmente puede cerrarse con acciones puntuales y profesionales en situación precaria.
Desde una perspectiva de política pública, mejorar el acceso a la atención en salud mental en el ámbito escolar no puede limitarse a estrategias de tamizaje o acciones formativas aisladas como se establece el el Plan. La solución integral requiere ampliar la oferta de servicios mediante la incorporación de psicólogos contratados, con presencia estable en las instituciones educativas para garantizar la continuidad y sostenibilidad. La política debe transitar del modelo basado en prácticas temporales, hacia un enfoque institucionalizado, que reconozca a la salud mental como una función estructural dentro del sistema educativo.
El Plan “Salud Mental en tu Cole” recoge importantes principios técnicos y normativos de un problema nacional latente, pero apoyarse en el trabajo gratuito de psicólogos para responder a una emergencia nacional en salud mental es una decisión cuestionable desde la ética pública y que debilita el impacto de la intervención a largo plazo. Además, en el orden de las prioridades, primero sería tener las normas técnicas y protocolos para luego ejecutar en el campo con un cronograma claro.
La salud mental de millones de estudiantes es una prioridad que merece soluciones estructurales, no transitorias ni dependientes de la buena voluntad profesional. Si el Estado quiere tomarse en serio la salud mental en las escuelas, necesita empezar por reconocer y valorar adecuadamente a quienes hacen posible esa atención: los psicólogos.
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